Fracasa el programa para proteger a los inmigrantes de la violencia laboral
Los expertos afirman que no sólo no ha protegido a las personas vulnerables, sino que ha contribuido a su retraumatización.
Han pasado tres años desde que se puso en marcha el Programa de Permiso de Trabajo Abierto para Trabajadores Vulnerables (VWOWP) del gobierno. Se introdujo como una forma de proteger a los trabajadores inmigrantes que se enfrentan a los abusos de sus empleadores, proporcionándoles un "permiso de trabajo abierto" que les da la libertad de elegir a su empleador.
El 24 de marzo en la 24ª conferencia de Metropolis Canadá en Vancouver, Columbia Británica, se celebró una sesión para debatir las deficiencias del programa. Un panel dirigido por el Centro de Trabajadores Migrantes (CMM) debatió las deficiencias de los funcionarios de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá a raíz de su revisión de la tramitación de las solicitudes de un programa destinado a proteger a las víctimas de abusos.
"Observamos mucha incoherencia y confusión en torno a lo que debe considerarse violencia en el trabajo, a pesar de que existen orientaciones específicas en el sitio web del Ministerio", explicó Amanda Aziz, abogada del Centro de Trabajadores Migrantes de Vancouver.
Según un informe del CMM publicado el pasado miércoles, los funcionarios de inmigración sólo han tratado como violencia un número limitado de casos de abuso financiero, ignorando por completo la violencia en el ámbito psicológico. Las únicas excepciones eran si los propios trabajadores aportaban una cantidad significativa de pruebas de que el empresario había ejercido presión moral sobre ellos.
En el 97% de las solicitudes examinadas en el estudio se encontraron pruebas de algún tipo de abuso financiero por parte de los empleadores contra los trabajadores extranjeros. Por ejemplo, a algunos se les había obligado a hacer horas extras sin cobrar, a otros se les había negado el salario por completo o se les había obligado a pagar tasas para conseguir trabajo.
Una clara debilidad del programa es también el hecho de que los trabajadores que han sufrido abusos financieros han sido a veces deportados sobre la base de la información obtenida por los funcionarios del Ministerio a partir de sus propias solicitudes.
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