¿Va a controlar el Estado el streaming y los podcasts?
Hay descontento en la comunidad con la introducción del registro obligatorio.
El viernes por la noche, la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (CRTC) sorprendió al público con la noticia de la recopilación de datos. Todos los podcasts y servicios de streaming con ingresos anuales iguales o superiores a 10 millones de dólares canadienses tendrán que registrarse en un servicio especialmente creado para ello y compartir ciertos datos con las autoridades canadienses. No hay mucho tiempo para ello: hasta el 28 de noviembre. Durante el fin de semana, los canadienses tuvieron tiempo de decidir su actitud ante esta iniciativa, y parece que muchos no están contentos con ella.
¿Qué datos se recogerán?
En el registro, las empresas tendrán que facilitar un nombre legal, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico, así como los tipos de servicios que ofrecen. Esto no parece gran cosa, y la propia CRTC califica el registro de carga bastante pesada. Sin embargo, el público ya teme que éste sea sólo el primer paso hacia una información más detallada.
Así, el profesor Michael Gates, del Departamento de Derecho de Internet de la Universidad de Ottawa, expresó su alarma ante el mero hecho de la regulación:
"Creo que mucha gente echa un vistazo a esto y siente que es el borde delgado de la cuña [y] que más regulación está en camino".
Jesse Brown, que dirige la red de podcasts Canadaland sobre medios de comunicación, arte, cultura, cocina, medicina y política, está de acuerdo. La orden de la CRTC le afecta directamente, y promete molestias innecesarias.
¿A qué viene todo esto?
La medida forma parte de la aplicación de la Ley de Streaming Online, antes conocida como Ley C-11, que entró en vigor en abril. Complementa la Ley de Streaming exigiendo a servicios de streaming y en línea como Netflix y Spotify que contribuyan al ecosistema mediático nacional. Se espera que esto ayude a los contenidos locales, incluidos la música y los programas de televisión.
Sin embargo, la ley no dice exactamente cómo se prestará la ayuda ni qué tipo de contenidos serán. La CRTC es la encargada de resolver este problema.
Por otra parte, el C-11 señala que sólo las grandes empresas se verán afectadas por la normativa. Los usuarios de medios sociales, incluidos los que comparten podcasts a través de plataformas sociales, no tienen que registrarse en ningún sitio. ¿Por qué? Porque la CRTC espera que sus ingresos sean claramente inferiores a 10 millones de dólares canadienses.
Los gigantes del sector tendrán que informar sobre qué contenidos ofrecen y quién se suscribe. La nueva ley también les prohíbe restringir el acceso a los usuarios de determinados ISP.
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Las intenciones de la CRTC parecen bienintencionadas, pero las redes sociales ya están debatiendo activamente sobre la censura y el ataque a la libertad de expresión. De momento, estos juicios parecen demasiado fuertes, pero sólo el tiempo dirá hasta qué punto son infundados.