Se han introducido modificaciones en el Código Penal relativas a los delitos sexuales
Canadá ha esperado seis meses para este cambio.
Las autoridades canadienses han dado curso al proyecto de ley S-12, que contiene una serie de actualizaciones del registro de delincuentes sexuales y que ha estado esperando la atención de los legisladores desde la primavera. Ahora ha entrado oficialmente en vigor y se ha convertido en ley. El gobierno ha modificado así el Código Penal para que el sistema judicial responda mejor a las necesidades de las víctimas y para reforzar el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales.
¿Qué ha cambiado?
El proceso para levantar la prohibición de publicación se ha vuelto más claro y sencillo. En los últimos años, ha sido criticado por impedir a las víctimas hablar sobre sus experiencias de violencia sexual. Quienes infringieran la prohibición de publicación -incluida la víctima que contara su caso a los medios de comunicación, familiares o amigos— podían ser procesados.
La ley exige ahora la opinión de la víctima: ¿debe imponerse una prohibición de publicación? También simplifica el proceso de levantar la prohibición si la víctima ya no lo desea. Además, la ley especifica ahora que las víctimas que decidan mantener una prohibición de publicación por su propia protección podrán compartir su información personal en determinadas circunstancias, como en conversaciones privadas y reuniones de grupos de apoyo.
La navegación por el sistema judicial se ha vuelto más clara para las víctimas. A partir de hoy, las víctimas serán informadas del derecho a recibir o negarse a recibir información actualizada del caso después de la sentencia. La realización de este derecho se confía a los tribunales. También deberán, a petición de la víctima, facilitar los contactos con el Servicio Correccional de Canadá para que la parte perjudicada pueda recibir toda la información a la que tiene derecho.
Se modifica el funcionamiento del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (en vigor desde 2004). Hasta ahora, en la mayoría de los casos, los delincuentes sexuales debían inscribirse en el registro en un plazo de siete días desde que se les ordenaba en un procedimiento judicial. El planteamiento ha cambiado:
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