El Gobierno canadiense planea apoyar a las residencias de ancianos con una nueva ley

El gobierno federal de Canadá invita a la opinión pública sobre una nueva ley para mejorar la seguridad en los cuidados de larga duración para personas mayores. Durante la campaña electoral de 2021, el Partido Liberal de Canadá prometió presentar una Ley de Cuidados de Larga Duración Seguros. La idea de esta ley surge a raíz de la propagación del COVID-19, que ha llamado la atención sobre el hecho de que muchas residencias de ancianos no proporcionan a quienes se alojan en ellas ni siquiera los cuidados básicos.

La legislación propuesta es también una condición del acuerdo con el Nuevo Partido Democrático, en virtud del cual los Nuevos Demócratas acordaron apoyar a los Liberales en las votaciones de la Cámara de los Comunes hasta 2025 a cambio de avanzar en las prioridades compartidas.

La oficina del Ministro de Sanidad, Jean-Yves Duclos, no ha dicho cuándo tiene previsto el gobierno presentar el proyecto de ley, pero podría ser este mismo otoño.

Funcionarios del Nuevo Partido Democrático dicen que el Partido Liberal no está actuando con suficiente rapidez. El crítico de sanidad Don Davies dice que la situación de las residencias de ancianos con ánimo de lucro es la peor posible.

"Esto se debe a que estaban más preocupados por los márgenes de beneficio que por la calidad de la atención que recibían los ancianos o por las condiciones de trabajo de sus empleados. Y lo que es peor, estas deplorables condiciones se venían dando desde hace mucho tiempo y eran bien conocidas incluso antes de COVID", afirma Davis en una declaración escrita.

A principios de este año, dos grupos de expertos en el campo de los cuidados de larga duración publicaron nuevas normas para mejorar la salud y la seguridad de los pacientes y prevenir las infecciones en las residencias de ancianos. Estas normas, elaboradas por la Health Standards Organization y el CSA Group, se centran en la atención al paciente, la mejora de las condiciones de trabajo del personal y la mejora de la recogida de datos y la elaboración de informes sobre la calidad y la seguridad de las residencias de ancianos.

No está claro en qué medida estas normas constituirán la base del nuevo proyecto de ley ni si se aplicarán en todo el país. La ley puede al menos "reflejar" las nuevas normas, según el gobierno.

Según un documento de consulta pública, la nueva ley podría "animar" a las provincias y territorios a adoptar las normas actualizadas.

Al igual que el sistema sanitario, la asistencia de larga duración a las personas mayores es competencia de las provincias y territorios. Por ello, el papel del gobierno federal en la regulación de las residencias de ancianos es muy limitado: solo puede implicar a las provincias en debates nacionales sobre el tema y asignar fondos para iniciativas concretas. Por ejemplo, en el presupuesto aprobado en 2021, el gobierno asignó 3.000 millones de CAD a las provincias y territorios para mejorar las condiciones de las residencias de ancianos.

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En el último presupuesto, el gobierno asignó 1.700 millones de CAD en cinco años para aumentar el salario por hora de los trabajadores de apoyo personal, que prestan la mayor parte de los cuidados a los pacientes encamados en la mayoría de las residencias de ancianos.

Ya se ha dicho que uno de los objetivos de la nueva ley es mejorar la recogida de datos. El gobierno ha pedido la opinión de los ciudadanos sobre la información que debe incluirse en un informe público nacional sobre cuidados de larga duración. En los próximos dos meses, el Ministerio de Sanidad pondrá en marcha una encuesta en línea para recabar las opiniones de los residentes en residencias de ancianos, sus familiares y el público en general. Los funcionarios del Ministerio también celebrarán mesas redondas con expertos y establecerán colaboraciones con provincias y territorios.